Esta mañana se registró una enérgica protesta a las afueras del hogar de Cristo de los andes. Alrededor de 30 trabajadores apoyados por los vecinos del sector, hicieron notar su descontento con diversos discursos en alusión a la preocupación que sienten al quedar cesantes en medio esta pandemia y también notablemente afectados por el futuro de los residentes, quienes en su mayoría no tienen apoyo familiar.
Hasta el lugar llegaron autoridades locales, el Seremi de Desarrollo Social Ricardo Figueroa y la prensa en su totalidad, quienes se encontraban en una actividad en la Escuela Ignacio Carrera Pinto ubicada a solo metros de la residencia. El gobernador provincial Sergio Salazar y el alcalde de Los Andes comprometieron ayuda con los trabajadores para que el hogar siga funcionando.
De está forma Veintiochode los 278 programas sociales que funcionan a lo largo de Chile dejarán de operar entre diciembre 2020 a enero 2021, debido a los efectos económicos de la pandemia. Esto implica disminuir en 938 cupos la atención de 14.076 personas en pobreza y exclusión que atiende mensualmente la fundación en todas las regiones del país, y que totalizan 40 mil al año.
El cese de la operación de estos 28 programas sociales reduce la planta total de 3.700 trabajadores en 450 personas en Chile. La institución fundada por el padre Alberto Hurtado hace 76 años necesita más recursos del Estado lo que venia descendiendo año a año. A esto se suma que, a causa de la pandemia, la cuarentena y la contracción económica, y pese a todos los llamados y generosas colaboraciones que han recibido, sus ingresos disminuirán de forma drástica
Los costos de la pandemia
Cientos de millones en sanitización, reemplao de trabajadores contagiados o con patologías crónicas que los hacían vulnerables y protección personal. Este último ítem –que incluye mascarillas, escudos faciales, guantes, pecheras protectoras, alcohol gel, que son cruciales para proteger la salud y la vida de los acogidos en los programas.
Los criterios para identificar los programas que dejan de funcionar fueron
: 1) el impacto en el bienestar de las personas atendidas, sus familias y la comunidad
2) existencia de otros operadores en el territorio, ya sea el Estado u otras organizaciones de la sociedad civil
3) la dificultad de sostener servicios con estándares de calidad sin un financiamiento asegurado; y 4) la dificultad de mejorar las condiciones de funcionamiento a la calidad de servicio requerida.