Puede ser posible un Barrio Rojo?
«Hace un par de días presenté un proyecto interesante . Abre el debate en torno a la idea de colocar un barrio rojo en San Felipe y Los Andes.
El principal argumento: la prostitución clandestina que acarrea consigo una serie de situaciones no deseadas como la delincuencia, el narcotráfico,
Aumento de V I. H sida en un 50 % y la sensación de inseguridad. De esta manera aparece la hipótesis de que se pueden aislar estos, regular el comercio sexual a través de la delimitación de un área que cumpla con ciertas normas y condiciones específicas. Ahora, si se asegurara la separación de estos sectores, ¿estaría listo para tener un barrio rojo? El el año 2021
el comercio sexual en San Felipe y Los Andes , guste o no, es una realidad innegable. Por lo mismo, es necesario que exista un lugar físico disponible para que la actividad se pueda realizar. En el Valle de Aconcagua , a pesar de que la prostitución -de personas adultas- sea legal, los burdeles están prohibidos, lo que determina que el ejercicio de la actividad se haga de forma clandestina, en lugares cerrados, edificios residenciales o, simplemente, en la calle por las noches»
La Presidenta de la Corporación Féminas Diversas En Acción Maria Alejandra Lopez Barrera agregó «San Felipe genera el deterioro de los barrios, impide un efectivo control de entradas en los edificios, brinda cobijo y oportunidades de actuación a cogoteros y lanzas, al mismo tiempo que genera oportunidades de corrupción para funcionarios del Estado. Por esto la implementación de un barrio rojo sería una posible solución para, por un lado, disolver los núcleos de delincuencia y, por otra, establecer un control del comercio sexual en Aconcagua , que asegure el buen funcionamiento del sistema (tanto en términos de salubridad, higiene, seguridad, organización, etc.
Espero que los candidatos a Alcalde y Concejales se comprometan apoyar este proyecto»
Maria Alejandra Lopez BarreraPresidenta
Corporación Féminas Diversas en Acción
La regulación del trabajo sexual, no así el “barrio rojo”, es una demanda sentida de las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe, incluyendo a las mujeres trabajadoras sexuales agrupadas en Chile. En nuestro país, la exigencia de regular y/o legalizar el trabajo sexual entre mujeres trabajadoras sexuales adultas nació a partir de la creación de la Asociación Pro Derechos de la Mujer Ángela Lina APRODEM en 1993 y se ha mantenido en el tiempo con la labor de incidencia pública – política del desaparecido Sindicato de Trabajadoras Independientes Ángela Lina y nuestra actual Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer.
Disponer de un marco regulatorio de garantías legales para las mujeres trabajadoras sexuales produciría una mayor igualdad social así como también una mejora en la calidad de vida de las mujeres que hemos decidido libremente ejercer el trabajo sexual, enfrentando más eficazmente situaciones de estigma, discriminación, persecución y marginación social, cultural y económica.
En un marco del respeto a la igualdad entre todas las personas, el trabajo sexual debe tener garantizadas las mismas condiciones laborales que tienen otras u otros trabajadoras/es autónomas/os. El trabajo sexual conlleva derechos y obligaciones que para su implementación requieren de una regulación legal. La falta de estas regulaciones aceptadas, comprendidas y respetados por todos y todas permitiría ejercer el trabajo sexual en un pie de igualdad con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras.

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales REDTRASEX proponen para América Latina y el Caribe:
-Que los Estados reconozcan el trabajo sexual como trabajo.
–Que se derogue toda legislación que criminaliza al trabajo sexual porque facilita que se vulneren nuestros derechos.
–Que las trabajadoras sexuales contemos con leyes y marcos regulatorios que garanticen nuestros derechos laborales y respeten nuestras elecciones.
–Que seamos reconocidas como sujetas de derechos y obligaciones igual que cualquier otra trabajadora o trabajador.
–Que las trabajadoras sexuales seamos respetadas en nuestra libertad y autonomía.
–Que las trabajadoras sexuales vivamos una vida libre de estigma y discriminación.
–Que los Estados cumplan sus obligaciones de erradicar la violencia institucional, física y social que pesa sobre nosotras como trabajadoras sexuales.
–Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a la salud de manera integral y una atención médica amigable, comprensiva y confidencial.
–Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a la vivienda, a los créditos, a la bancarización, a la seguridad social y a la jubilación.
