Mediante un oficio presentado ante Contraloría, el diputado PPD, Rodrigo González, junto al ex dirigente sindical, Juan Olguín, pidieron al Contralor Jorge Bermúdez, fiscalizar una serie de denuncias por diversas irregularidades en la división Andina de la cuprífera estatal que podrían significar un daño al Fisco por más de mil trescientos millones de pesos.
Entre los hechos detallados en el escrito se señalan faltas de control en procesos licitatorios, sustracción irregular de dineros de la Fundación Orquesta Sinfónica Infantil de los Andes (FOSILA), el pago indebido de una indemnización laboral de 77 millones de pesos, y el retiro de dineros destinados al proyecto “Ecogranja Parque Cordillera”.
Para el diputado Rodrigo González, las irregularidades ha ocurrido en diversos periodos de tiempo con la participación de conocidos personeros políticos, donde incluso estaría vinculado el alcalde de Los Andes “hay una situación que data de varios años y donde están involucrados Manuel Rivera, actual alcalde de Los Andes, y también el ex director, Carlos Ríos, y otros organismos que han recibido dinero que pertenece a Codelco y que están destinados a funciones comunitarias, que podrían involucrar un monto que podría llegar a los mil trescientos millones de pesos”.


“Estos recursos han sido manejados informalmente, entregados sin factura o con facturas falsas, y donde una de las situaciones más graves es que al anterior director, Carlos Ríos, se lo despidió de la empresa por causales graves, y sin embargo, se le entregó una indemnización de 77 millones de pesos, hecho que debe explicar Codelco. Es muy importante que el país sepa dónde fueron a parar estos dineros, por qué tanta informalidad, por qué Codelco no denunció estos hechos a la justicia” concluyó González.
Por su parte, el ex dirigente sindical, Juan Olguín, señaló que por parte de Codelco no ha existido la voluntad de transparentar los hechos denunciados, y sólo por una acción judicial de terceros salieron a la luz estos antecedentes “lo que ha sucedido está en el portal del poder judicial, son antecedentes públicos que Codelco puso a disposición por una contrademanda que puso Carlos Ríos, y si no hubiese sido por la demanda interpuesta estos antecedentes jamás se hubiesen conocido”.
“Es muy lamentable que sean recursos del Estado o de Codelco, pero es muy diferente que los recursos estén destinados a las personas más necesitadas, la orquesta sinfónica es una iniciativa muy loable para que niños de escasos recursos tengan un espacio de desarrollo y actividades musicales, pero sacar recursos de eso, sacar recursos de la granja educativa, es imperdonable. Codelco tiene la obligación moral y legal de hacer la denuncia cuando hay perjuicio económico, y en este caso existe todo el respaldo para denunciar penalmente a los responsables” finalizó Olguín.

El documento de tres páginas señala:
«La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) desarrolla el Programa “Codelco Buen Vecino”, creado el año 2008, a partir del cual se desarrollan una serie de acciones en favor de las comunidades existentes en zonas donde desarrolla la actividad minera, a cargo de la Dirección de Gestión Comunitaria de División Andina, la cual depende de la Gerencia de Sustentabilidad.
Entre los años 2009 a 2012, la Dirección de Gestión Comunitaria de División Andina estuvo a cargo de don Manuel Rivera Martínez, quien fue luego Sub Director de dicha Dirección entre los años 2012 y 2016, y quien es hoy actual alcalde de la Municipalidad de Los Andes, en tanto que entre los años 2012 a 2020, estuvo a cargo de don Carlos Ríos Rojas.
El Programa “Codelco Buen Vecino” permite a COLDECO construir relaciones con la comunidad, basadas en el respeto, la confianza y la transparencia. Ello permite a cada una de las divisiones generar lazos de largo plazo con los principales grupos de interés, como son las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, colegios, municipios, y estamentos públicos y privados. En forma conjunta, se establecen criterios de desarrollo, que delinean las acciones que cada una de las divisiones implementará en la comunidad, las que tratan principalmente de materias de educación y medio ambiente.
4.- Las áreas de gestión comunitaria de cada división son las que ponen en marcha los distintos proyectos de las comunidades, las cuales pueden acceder a tres tipos de financiamiento: 1.-) Con fondos propios de la respectiva división; 2.-) Con fondos cofinanciados por la Casa Matriz a través del Fondo de Inversión Social (FIS), el cual adjudica anualmente un monto concursable con foco en materias educativas, y 3.-) Con recursos provenientes de los remanentes SENCE, que permiten la implementación de capacitación en oficios para personas desempleadas o de muy bajos ingresos.
5.- Uno de los programas que se han implementado es el FOSILA, el cual cuenta con el apoyo del Fondo de Inversión Social (FIS), la Municipalidad de Los Andes y la División Andina, y que consiste en la conformación de una orquesta sinfónica infantil (FOSILA), integrada por 140 niños de escasos recursos, cuyo propósito es darles herramientas para la integración social.
6.- Es del caso señalar que CODELCO despidió al actual Director de Gestión Comunitaria de División Andina, don Carlos Ríos Rojas, el 19 de febrero de 2020, invocando la causal contemplada en el N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Sin embargo, pese a que la causal invocada no da derecho al trabajador a reclamar indemnización alguna (art. 160 Código del Trabajo), igualmente se le finiquitó, cancelándole la suma de $77.237.524, a título de indemnización por años de servicio.
7.- El Sr. Ríos igualmente presentó una denuncia por tutela laboral con ocasión del despido, y en subsidio, una demanda por despido injustificado, contra CODELCO, ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Andes (Rol T-9-2020), realizándose la audiencia preparatoria de juicio oral el pasado 17 de agosto de 2020, en tanto que la audiencia de juicio oral se programó para el próximo 1° de julio de 2021.
8.- Al revisar los antecedentes del caso, que son públicos y de libre acceso en la página web del Poder Judicial, en particular, la contestación de la demanda, dan cuenta que CODELCO habría tomado conocimiento de diversas irregularidades de parte del Sr. Ríos, a través de un Informe de Auditoría a las Direcciones de Gestión Comunitaria, de 27 de diciembre de 2019, que habría abarcado desde el año 2008 en adelante, así como a través del testimonio de trabajadores –propios y contratistas- que desarrollaban labores con el Sr. Ríos, los cuales manifestaron graves irregularidades y deficientes acciones de control por parte de éste sumadas a las presiones que hizo para favorecer a la empresa GMAs en un proceso licitatorio que finalmente tal empresa se adjudicó. En este sentido, CODELCO sostuvo en su contestación a la demanda que se habían detectado los siguientes incumplimientos en que habría incurrido el Sr. Ríos:
“- Falta de controles en el proceso licitatorio denominado “Gestión comunitaria y Apoyo Territorial” –adjudicado a GMas- en especial, seleccionar empresas sin atender a los parámetros objetivos del proceso e influenciar y ejercer acciones para que la referida empresa calificara.
– Falta de documentación exigida en determinados fondos concursables, o bien, documentación extemporánea o forjada.
– Ocultar la sustracción irregular de dineros de la Fundación FOSILA, y no denunciar la misma a sus superiores
Otros incumplimientos:
– Para la Laguna de la Ecogranja se solicitaban fondos y eran destinados a otras cosas; nunca se invirtió dinero en dicha laguna.
– No revisaba la documentación asociada a los fondos concursables y proyectos de su área: se observaron facturas falsas e idénticas, pero de distintas empresas.
Todo lo anterior, acreditado tras denuncias del propio personal que trabajaba con el actor tanto propio como de empresas contratistas”
Por otra parte, cabe señalar que CODELCO no explica en su contestación, el por qué le pagó al Sr. Ríos una indemnización por años de servicio, en circunstancias que lo había despedido por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, causal que no da derecho a pagar dicha indemnización.
Reviste especial gravedad el hecho que, en la referida contestación a la demanda laboral, CODELCO señale que en el Informe de Auditoría “Gestión Comunitaria”, de 27 de diciembre de 2019, que el Sr. Oscar Soria habría sacado dinero del FOSILA, mediante el uso de cheques que no eran nominativos, indicándose que el monto sustraído habría sido de 25 a 30 millones de pesos y que después habrían efectuado gestiones para devolver dicho monto, mencionándose que los dineros do FOSILA se utilizaban para hacer gastos distintos, ya sea para hacer regalos o donaciones, pago de buses, regalos o premios, lo que habría estado en conocimiento del Sr. Ríos, quien pedía facturas a otros proveedores para cubrir los dineros faltantes del FOSILA.
Sin embargo, no escapará a Ud. el hecho de que CODELCO, pese a que se trata de situaciones que claramente constituyen delitos, no haya indicios de que haya denunciado estos hechos al Ministerio Público, o a la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) o a la Contraloría General de la Republica.
Otro hecho que también reviste especial gravedad y que involucra a CODELCO División Andina es que, con fecha 27 de julio de 2020, el ciudadano peruano don Jaime Luis Aranguri Peña dedujo una demanda laboral contra la Junta de Adelanto de Los Andes, la cual se vinculaba a CODELCO a través del proyecto “Ecogranja Parque Cordillera: una experiencia de aprendizaje mediante e conocimiento, respeto y aprecio por los animales”. Dicha demanda se presentó ante el Primer Juzgado de Letras de Los Andes, por declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales (Rol 0-45-2020). Pues bien, el Sr. Aranguri señala en su demanda, la cual está disponible en la página web del Poder Judicial, que quien le pagaba era el representante legal de la Junta de Adelanto, Mario Méndez Allendes, en efectivo o a través de un cheque personal correspondiente al Banco Santander. Pero lo más grave es que indica que, en ocasiones un compañero de trabajo, de nombre Fernando Lepe, le entregaba un vale vista emitido por la empresa Codelco División Andina, el que se emitía a su nombre por sumas de 4 o 5 millones de pesos, que debía cobrar en el Banco y luego entregar a don Mario Méndez o Fernando Lepe, quienes le pagaban su sueldo. Cabe señalar que consta en dicho proceso que las partes llegaron a un avenimiento, en el que la Junta de Adelanto de Los Andes, representada por el señor Mario Méndez, se obligaba a pagar al demandante la suma de $4.000.000,- pagaderos con la suma de $ 1.000.000.-, al momento de suscribir el acuerdo, mediante cheque al día cruzado serie N° 1264028 y el saldo de $ 3.000.000.- en 6 cheques de 500.000 mil pesos cada uno. Cabe señalar que ese proyecto también habría sido cuestionado en la referida Auditoría a las Direcciones de Gestión Comunitaria.
Ahora bien, conforme al artículo 12 del D.L. 1349, el Contralor, excepcionalmente, puede disponer que la Contraloría asuma transitoriamente y en plenitud, todas o algunas de sus facultades de fiscalización o de las que corresponden a COCHILCO, respecto de las sociedades colectivas del Estado o la o las continuadoras legales de ellas, dando cuenta al Presidente de la República de los fundamentos de su resolución, de las medidas que adopte en su ejercicio, y de los resultados obtenidos.
La petición de que la Contraloría asuma directamente las facultades de fiscalización se fundamenta en el hecho de que el referido Informe de Auditoría “Gestión Comunitaria”, daría cuenta de irregularidades en la licitación denominada “Gestión Comunitaria y Apoyo Territorial” adjudicado a GMas, que compromete $ 1.200.000.000.-, y de dineros sustraídos del proyecto FOSILA, por $ 30.000.000.-, a lo que se suma el pago indebido de una indemnización laboral por $77.237.524, todo lo cual implica que, por lo menos, podría verse afectado el patrimonio fiscal en $ 1.300.000.000.-, ello, sin contar los vale vista de que da cuenta el ciudadano peruano don Jaime Luis Aranguri Peña en relación al proyecto Ecogranja. A lo anterior, cabe agregar que las irregularidades de que da cuenta el referido Informe de Auditoría, se habrían producido en la Dirección de Gestión Comunitaria de División Andina, encabezada por don Manuel Rivera Martínez, quien fue Director entre 2009 y 2012 y luego Sub Director entre 2012 y 2016, el cual es hoy alcalde de la Municipalidad de Los Andes, y por el despedido Carlos Ríos Rojas, quien fue Director entre 2016 y 2020.
En atención a lo anterior, solicitamos a Ud., en uso de sus atribuciones, disponer que sea la misma Contraloría General de la República, la que investigue los hechos denunciados.
Sin otro particular, saludan atentamente a Ud.
RODRIGO GONZÁLEZ TORRES
Diputado de la República»