Fallas de tribunales dejaron a niños al cuidado de personas investigadas por maltrato infantil o condenadas por abuso de menores; en Los Andes según Ciper, la jueza y la abogada Paola Luraschi entregaron el cuidado de un niño a su padastro sentenciado por abuso s3xu4l reiterado, mientras que en el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, se aloja otra causa en la que se repite el nombre de una jueza y también de la abogada.Paola Luraschi
En una de las causas, el padre fue condenado en febrero de 2023 por este delito, mientras que, en la otra, la fiscalía decidió no perseverar en la investigación y no lo formalizó. En el primer caso, el adulto fue sentenciado en febrero de 2023 por abuso sexual reiterado de su hijastra y recibió el cuidado de sus dos hijos, uno de 8 y otro de 13 años, ya que, aunque figura en el registro de inhabilitados para trabajar con menores, no se le impide tener la custodia de otros niños. El Juzgado de Familia de Los Andes decidió que el padre mantuviera la tutela de su hijo mayor y que el hijo menor permaneciera bajo su cuidado durante más de un mes, a pesar del deseo del niño de vivir con su madre.
“Como que me salí del cuerpo”, recordó Sofía (nombre modificado). Eso fue lo que relató sentir al día siguiente de ser abusada por primera vez por su padrastro. Tenía seis años. El 24 de febrero de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Los Andes, condenó a un hombre por abuso s3xu4l de una persona menor de 14 años en carácter de reiterado. La víctima era su hijastra. De acuerdo con los hechos recopilados por la fiscalía, fueron al menos tres los episodios de agresiones, perpetrados durante el periodo que comprende los años 2012 y 2019.
El adulto fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, pero el tribunal decidió sustituir esa condena por la de libertad vigilada intensiva. Ese día su nombre fue incluido en el registro de inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, lo que le imposibilita ejercer cualquier empleo que implique una relación directa con niños. Sin embargo, su sentencia no le impide tener la custodia o cuidado de menores de edad.
Desde enero de 2020, tras una mediación con la madre, ese hombre tiene la tutela de su hijo mayor, de 13 años. Luego de la condena, el tribunal decidió no modificar la situación, debido a la negativa del adolescente a vivir con su madre, a quien acusó de maltrato. Sin embargo, los programas involucrados no profundizaron ni investigaron ese antecedente. Un informe del 6 de mayo de 2020 reveló posibles influencias de la familia paterna sobre el niño, algo que también mencionó el Curador Ad Litem -representante legal designado para velar por los intereses de niños en procesos judiciales- en una audiencia en febrero pasado.
Además, diez meses después de la sentencia por abuso, el Juzgado de Familia de Los Andes le otorgó, de forma provisoria, el cuidado de su otro hijo, un niño de 8 años. Ambos menores son hermanos por línea materna de la víctima de abuso. El 30 de noviembre de 2023, se resolvió dejar a ambos niños bajo el cuidado exclusivo de su padre, atendiendo la recomendación de una consejera técnica. Esto, a pesar de la opinión de los profesionales del programa interventor, quienes sugerían que el hijo mayor permaneciera con su padre y el menor en régimen de cuidado compartido entre ambos progenitores.
En esa última decisión, no se le otorgó el mismo énfasis a la opinión del hijo menor. Según un documento de la causa, ese niño dijo a su Curador Ad Litem que deseaba mantenerse bajo los cuidados de la mamá y solo realizar visitas a la casa del papá.
El medio de comunicación CIPER se comunicó con la abogada Luraschi para consultarle sobre ambas causas a la dirección de correo electrónico que figura a su nombre en los expedientes de familia. Ella indicó que no recordaba casos con características similares a las de estos. Tras enviarle los antecedentes, la abogada no respondió a los emails posteriores.
En la causa de Putaendo hay un antecedente importante: una de las consejeras técnicas del proceso judicial es cónyuge del psicólogo particular del padre. Este profesional emite informes que son considerados por el magistrado a la hora de resolver quien asume el cuidado sobre Anaís (nombre modificado), aspecto sobre el que la consejera técnica influye. Aunque en un principio, en una audiencia del 24 de enero de 2022, esa profesional hizo presente esta inhabilidad para intervenir en la causa, meses más tarde, el 16 de noviembre de 2022, se realizó otra audiencia en la que esa consejera estuvo presente y la magistrada lo permitió.